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Article 19 rechaza hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras

La organización Article 19 emitió un pronunciamiento para rechazar el hostigamiento judicial en contra del periodista Eduardo Lliteras, dueño del portal de noticias de Yucatán “Infotilleras” y exigió al Poder Judicial que garantice el derecho a la libertad de expresión.

Señalaron que el 18 de abril de 2022, el periodista fue notificado de una demanda con el número de expediente 000389/2021 radicado en el juzgado Tercero del Primer Departamento Judicial del Estado por supuesto daño moral que reclama el empresario Rafael Acosta Solís en contra de una publicación realizada en el medio Infotilleras.com: Denuncias ejidatarios de Samahil a Rafael Acosta Solís: Se robo mochila con documentos y dinero de ejidatarios, afirman.

En esta nota, el periodista reproduce una carta redactada y suscrita por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, así como diversas autoridades ejidales, en donde señalan algunas irregularidades, tales como presunta corrupción y apropiación indebida de terrenos, así como presuntas intimidaciones y amenazas en su contra, señalando a Acosta Solís.

El empresario también demandó por publicaciones similares a otros tres medios de comunicación y dos periodistas, por presunto daño moral, en donde reclama que se eliminen dichas publicaciones y un montón inicial por indemnización de 500 mil pesos a todos los medios y personas demandas.

Article 19 señala que una de las formas más frecuentes de abusar del poder estatal es a través de la figura de hostigamiento judicial. Es decir, es el abuso de mecanismos judiciales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico y/o de defensa de los derechos humanos.

Dicha figura puede incluir acusaciones criminales, demandas civiles y/o procesos administrativos, añade.

La organización recordó que en su informe anual “Negación”, se registró que en 2015 se documentó sólo un caso de hostigamiento judicial y un año después de documentaron 13.

Para 2019, ya eran 21 casos, en 2020 escalaron a 39 y en 2021 se documentaron 40, de los cuales dieciocho fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles. En resumidas cuentas, en 2021, se demandó, en promedio, a tres periodistas o medios cada mes por ejercer el derecho de informar.

En este sentido, Article 19 exige al Poder Judicial de Yucatán, que para términos de dicho caso tome en cuenta los más altos estándares de derechos humanos establecidos tanto en el Sistema Interamericano como en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre libertad de expresión para poder garantizar el derecho y no limitarlo de manera desproporcionada.

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